Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca todo han sido críticas, vejaciones e insultos hacia su persona y su particular gestión. En muchos casos, las críticas provienen de gente con interés y formación nula en política, pero que critican a Trump por seguir una moda como puede ser la de llevar unas nuevas zapatillas. Recientemente, hace menos de una semana, pudimos ver como llovían críticas desde todos los medios de comunicación, y muchos políticos, no solo los Demócratas norteamericanos, se sumaban a la fiesta de la degradación moral y el “yo lo habría hecho mejor”. Todo esto, se debe a la nueva orden ejecutiva que introdujo el presidente Trump respecto a la financiación del Obamacare, y que fue presentada por la mayoría como “la liquidación del sistema sanitario estadounidense”. Como siempre, el argumento de que los pobres serían los peor parados de este nuevo punto de la reforma sanitaria, fue lo que hizo explotar la bomba. Pero es realmente curioso, que cuando nos paramos a leer con detenimiento la estructura de la nueva orden ejecutiva y los cambios que introduce en el sistema, nos percatamos de que los ciudadanos no soportan ningún efecto negativo, y son, en todo caso, las aseguradoras las que puede que sufran por un incremento de costes. Si se hubieran leído el documento a fondo y entendido de que se trata, tanto la izquierda americana como europea estarían bailando de manera ferviente, ya que no hay cosa que les guste más que ver a los grandes conglomerados empresariales sangrar.
Entrando en materia, la orden ejecutiva hacía referencia en concreto al sistema de Cost Sharing Reduction (CSR), que forma parte del Affordable Care Act, más conocido como Obamacare. Se supone que el CSR tenía dos principales funciones. En primer lugar, permite a las aseguradoras negociar individualmente con sus clientes para decidir que cobertura debe ofrecer la póliza y adecuar el coste a los servicios prestados, en vez de ser una póliza generalizada para todos aquellos que se adhirieran al sistema sanitario subsidiado del Gobierno. En segundo lugar, el sistema CSR también incluía una financiación adicional del gobierno para las mejoras de las pólizas particulares. Es decir, las aseguradoras ofrecían un mayor número de servicios a un coste por debajo del equilibrio de mercado, y el Gobierno cubría la diferencia a través de subvenciones a la industria aseguradora y los hospitales. En otras palabras, si la póliza “Bronce” costaba 200 dólares al año, con CSR el ciudadano americano podía tener acceso a servicios de la póliza “Plata”, mientras seguía pagando 200 dólares, y el resto del coste era cubierto a través de subsidios directos.
Pero aquí viene lo bueno (no se asusten, sigan leyendo hasta abajo), y es que la orden ejecutiva de Trump elimina totalmente los subsidios del Gobierno a las aseguradoras y hospitales. A primeras, esto puede parecer mortal para las rentas más bajas en EEUU; y es que es solo hasta aquí donde indagaron la mayoría de los medios, pero tiene bastante más trasfondo el asunto. Y es que, ¡por ley!, las aseguradoras están obligadas a proveer los servicios ya establecidos y pactados, incluso si el Gobierno no facilita fondos o subvenciones a la industria sanitaria. Esta condición se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, que es cuando finaliza el contrato estatal con las empresas aseguradoras. Es decir, las subvenciones a través del CSR no estaban pactadas más que con un apretón de manos, y la seriedad del Obamacare era tal (nótese la ironía) que cuando en 2016 se suponía que 21 millones de personas debían estar aseguradas bajo el CSR, solo 12 millones lo estaban, debido a una gestión ineficiente del presupuesto, con su consecuente asalto al bolsillo del ahorrador, en forma de mayores impuestos y tasas comerciales.
La nueva orden ejecutiva de administración actual presenta efectos tanto en el corto como en el largo plazo, y resultan ser muy dispares entre ellos. La primera opción que tienen las aseguradoras es simplemente continuar proveyendo los servicios pactados y mantenerse en el mercado, aunque esto suponga mayores costes, para poder reestructurar su negocio dentro de dos años y aun así mantener un volumen de clientes similar. El único riesgo es que las aseguradoras puedan entrar en bancarrota, pero es improbable, ya que mientras más de la mitad de la población de EEUU posee una póliza de seguros, solo 12 millones están involucrados en el CSR.
La segunda opción sería la que mejores efectos tendría para las aseguradoras, y la que más estabilidad proporcionaría al sistema, que sería la de poder renegociar tanto el precio de las pólizas como el volumen de subsidios. Esto sería muy complicado ya que la negativa del Gobierno a seguir financiando el CSR es frontal, y renegociar 12 millones de pólizas conllevaría enormes costes de compliance. Generalmente, las aseguradoras creen que es más rentable soportar mayores costes durante un año y medio y mantener su nicho de mercado, a arriesgarse a perderlo todo en cuanto a 12 millones de clientes. Salirse de las negociaciones individuales y ofrecer pólizas estándar para el CSR no es una opción viable, por lo que las aseguradoras tienen las manos atadas para protegerse de los vaivenes en el mercado.
La reacción en 2019 por parte de las aseguradoras es más que probable, y muchos analistas creen que reaccionarán incrementando las primas de las pólizas. Es dudoso, por otra parte, que las aseguradoras vayan a ser capaces de elevar los precios de manera repentina en un entorno tan competitivo, exponiéndose al riesgo mayoritario de la perdida exponencial de clientes. Este incremento de las primas, a primera vista puede parecer que tenga un efecto negativo sobre las rentas más bajas, pero este incremento de los precios tendrá un efecto muy limitado sobre el poder adquisitivo de estos ciudadanos, ya que se compensará y equilibrará gracias al nuevo sistema de deducciones fiscales que incluye la reforma fiscal del presidente Trump. Es decir, según vayan subiendo las primas, este impacto se compensará con reducciones iguales o mayores de impuestos, tanto sobre la Renta como sobre el Valor Añadido, minimizando y neutralizando el daño que estas reformas puedan tener sobre los ciudadanos con menores rentas.
Tras el análisis de la situación presentado, queda claro que el efecto real que la nueva orden ejecutiva tendrá sobre la sociedad americana es muy distinto a la manera en que muchos medios lo han expuesto. En el corto plazo, los consumidores estarán completamente inafectados, mientras en el largo todos los cambios que puedan sufrir serán compensados a través de un sistema de deducciones fiscales. Y a la izquierda le tocará llorar, ya que será el señor Trump el que consiga forjar un sistema sanitario más justo, y sobre todo eficiente. Desde una perspectiva liberal deberíamos apoyar sin duda esta medida, que supone mayor libertad de mercado y menor confiscación estatal de los ahorros de los americanos de a pie.