Este artículo fue previamente publicado en Revista Libertalia: www.revistalibertalia.com/single-post/2020/04/23/A-vueltas-con-la-renta-minima-insercion
En la situación de excepcionalidad sanitaria y económica que vive España en la actualidad, muchos ciudadanos han perdido la totalidad de sus ingresos, mientras la gran mayoría de sus gastos fijos mensuales se mantienen. Esto ha provocado un aluvión de propuestas de políticas públicas que podrían desarrollarse para tratar de solventar la situación actual, o al menos aliviarla. Una de las propuestas que mayor acogida positiva ha tenido tanto en el mundo político como académico, ha sido la de una Renta Mínima de Inserción (RMI) temporal. Quédense con lo de “temporal”, ya que la RMI que ha propuesto el Gobierno es de carácter permanente, tal y como afirmó recientemente el ministro Escrivá, y por lo tanto cambia mucho el análisis tanto en términos de costes como de incentivos. Una RMI temporal en situaciones de excepcionalidad como la actual, bien estructurada, organizada y delimitada, puede ser una política pública de bajo coste relativo (en comparación a otras partidas de gasto social destinadas a aliviar la pobreza, pero de menor efectividad), y que, si se introduce por un tiempo limitado, evitaría problemas de desincentivos laborales o de exceso de gasto, como veremos a continuación.
El otro día, a través de Twitter, un economista al que sigo y admiro por su objetividad, Alex Vicente, recordó, a través de este tuit, la enorme demagogia argumental en torno al debate sobre la RMI. Demagogia que abunda en muchísimos argumentos de contertulios diversos y que da la espalda a la evidencia empírica. Por un lado, tenemos a los que afirman que la RMI, aún con carácter temporal, supone únicamente una compra de votos por parte del Gobierno, mientras en el otro extremo se sitúan aquellos que tratan de hacernos creer que todo aquel que se oponga a la RMI -aunque lo haga con argumentos de peso- es un promotor de la pobreza. Lógicamente, es difícil estar en lo cierto desde posiciones tan sesgadas y marcadas por la demagogia y la simpleza de algunos discursos políticos. Por lo tanto, hoy me propongo tratar de aportar una visión más objetiva y cercana a los datos acerca de una posible RMI y su complementariedad con las ya existentes en las distintas CCAA y/o diferentes prestaciones sociales.
En primer lugar, hemos de tener claro que el objetivo primero y último de una RMI es el de paliar los problemas de pobreza y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos de consumo diario a los ciudadanos más vulnerables. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es analizar la situación de la pobreza (riesgo de) y la exclusión (riesgo de). Veamos algunos datos para aclarar la cuestión. En España cerca de 10 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza. ¿Qué significa esto? Pues bien, son las personas que viven en unidades familiares cuya renta total se sitúa por debajo del umbral de pobreza, que en España para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años se sitúa en 18.629 euros de renta total anual. Acudiendo a estadísticas del INE de 2018 sobre pobreza en España, observamos que el 21,5% de la población vive en riesgo de pobreza. Ahora bien, tras los recientes aumentos del desempleo, las crecientes demandas de asistencia social y demás situaciones de clara inestabilidad económica, todo indica que el Covid-19 habrá tenido, tiene y tendrá un efecto empobrecedor sobre millones de familias españolas.
Por ejemplo, si dividimos la población por deciles de renta observaremos que aquellos sectores que se han visto obligados a cerrar durante el Estado de Alarma, y el estado de hibernación (fase más dura del confinamiento, hasta el pasado 9 de abril), son principalmente aquellos en los que trabajan las personas situadas en los deciles bajos o medio-bajos de renta.
Si recuerdan, al inicio hemos comentado que ya existen determinadas RMI por CCAA. Estas van desde los 300 euros mensuales en Ceuta, a los 644,49 euros mensuales en el País Vasco, pasando por los 400 euros mensuales en la Comunidad de Madrid, o los 604 euros en Cataluña (todo ello cuantía mínima) ¿Pero llegan de manera efectiva dichas RMI a la población en riesgo de pobreza? Pues no está nada claro, y según datos de los servicios sociales, tan solo el 7,6% de media de la población en riesgo de pobreza tendría acceso actualmente a una RMI.
Llegados a este punto. ¿Cuál es la propuesta del Gobierno? ¿Qué coste tendría? y ¿Como funcionaría?
Cabe resaltar que la Renta Mínima de Inserción no es lo mismo que la Renta Básica Universal, ya que he observado muchísima confusión en redes sociales al respecto estos días. Mientras la Renta Básica Universal sería incondicional, y, por lo tanto, iría dirigida a toda la población mayor de una determinada edad, la RMI es condicional, y ahí es donde se encuentra en núcleo del asunto: la condicionalidad y las delimitaciones de la RMI. Ha de encontrarse un equilibrio entre ser eficaz y llegar a la población que la necesite (aquella en riesgo de pobreza o exclusión) y no excederse y pasar a ser una política que suponga un enorme derroche a las arcas públicas, y por ende caiga en la ineficiencia.
Pues bien, la última propuesta seria de RMI que presentó un organismo oficial fue la de la AIReF, que al parecer, en líneas generales es la que pretende seguir el ministerio que dirige Escrivá. Esta RMI sería de 430 euros mensuales por persona en edad de trabajar, a los cuales se sumarían otros 100 euros por hijo menor de edad en la unidad familiar. Dicha RMI alcanzaría a cerca de 1.800.000 familias.
¿Y el coste anual? El coste rondaría los 5.500 millones de euros -según cálculos de la propia AIReF. Pero atención, al actuar de sustituto y/o complemento de otras prestaciones sociales, reduciría el gasto en prestaciones complementarías en 2.000 millones de euros anuales. De nuevo, todo según los cálculos de la AIReF. Obviamente, en una situación como la actual con una gran erosión de las bases imponibles, un parón de la actividad económica y un aumento del desempleo no solo aumentaría la pobreza y la exclusión social, sino que se reducirá ostensiblemente la recaudación pública. Por lo tanto, tal y como admitió recientemente el ministro Escrivá, el coste total anual de la RMI se situaría entre los 6.000 y 15.300 millones, o lo que viene siendo entre un 0,5% y 1,5% del PIB, con una previsión actual de déficit público del FMI para España en 2020 del 9,5% del PIB.
Y, entonces, ¿cómo se pagaría la RMI? Aquí es donde encontramos el gran problema de la cuestión, precisamente por el elevadísimo déficit público de este año. No quedaría otra opción que pagarlo a través de deuda pública o con una subida de impuestos, cosa que sería absolutamente imprudente e ineficiente en una situación de ahogo económico de las familias, parón económico y de erosión de las bases imponibles.
Recordemos, además, que la RMI al ser una prestación no contributiva no puede financiarse con cotizaciones sociales. Además, cargarla a cuenta de la Seguridad Social no haría más que aumentar el agujero presupuestario de esta, la cual ya sufre un déficit superior a los 17.000 millones anuales. Aquí está el principal problema a resolver.
Y ahora, una vez hechos los cálculos, preocupémonos de los incentivos. ¿Cuál sería el efecto sobre los incentivos -principalmente laborales- de la RMI? No existe una enorme evidencia empírica ni despliegue de investigación académica al respecto, pero sí existe un paper -ver página 110- (que muchos conoceréis por ser de lo más consultado en la materia) sobre el efecto de la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco. Principalmente mide el efecto de la RGI sobre el mercado laboral en el País Vasco.
La principal conclusión, es que una RGI de 450 millones de euros (4,5% del gasto público del País Vasco y 0,7% de su PIB), logró reducir la brecha de pobreza entre los beneficiarios de dicha política en cerca del 85%. Todo un éxito. Esto puede señalizar que una RMI a nivel autonómico (como la ya existente), ligeramente ampliada o relajados algunos aspectos de su condicionalidad, en la situación actual, podría ser más fácilmente financiable y más eficiente a la hora de reducir la pobreza que la propuesta de RMI de carácter permanente a nivel nacional que pretende introducir el Gobierno.
Por lo tanto, cualquier política de RMI adicional a las existentes ha de ser fuertemente acotada en el tiempo y con una condicionalidad real para garantizar que llega a aquellas familias descubiertas y con verdadera necesidad. Se debe realizar un análisis riguroso de cada política pública. Se debe garantizar que resulta eficiente, efectiva, y que supone el menor lastre posible para las generaciones futuras.
[1] Fuente Figura 1: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST211/1429
[2] Fuente Figura 2: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/16/economia/1587053312_452835.html
[3] Fuente Figura 3: https://elpais.com/sociedad/2019/10/29/actualidad/1572371245_812159.html